El conflicto suscitado hace dos
meses atrás en el centro minero de Colquiri, y la actual situación de
hostilidad entre mineros asalariados y cooperativistas nos ratifica las
marcadas diferencias entre ambos sectores.
Cuando analizamos las causas que
motivaron lo suscitado en Colquiri evocamos inmediatamente a octubre de 2006,
cuando las cuatro cooperativas que operaban en la zona decidieron tomar por la
fuerza las operaciones de la Empresa Minera Huanuni en el cerro Posokoni de ese
distrito, que dejó como saldo lamentable 13 muertos y decenas de heridos.
Ya en ese entonces se veía con
preocupación que este cruento episodio pueda replicarse en Colquiri, zona
minera de similares características, que en sus entrañas cobija tanto a
trabajadores asalariados de la empresa privada y cooperativistas mineros. No
nos equivocamos, el avasallamiento a la Compañía Minera Colquiri por parte de
los cooperativistas mineros fue cuestión de tiempo.
Para hacer una recapitulación de
los hechos que circundan a Colquiri, debemos partir del contexto de 1 985,
cuando fruto de la Nueva Política Económica se dispuso la relocalización de
miles de trabajadores incluyendo a este distrito. Liquidada la actividad minera
estatal, en 1997 en claro afán privatista, Gonzalo Sánchez Lozada mandó a
elaborar la Ley 1777 (Código Minero en actual vigencia) que con sus artículos
91 y 94 limitó el rol de la COMIBOL, autorizando incluso a la enajenación de su
patrimonio.
El plan del ex mandatario se
consuma el año 1999; como regalo de
noche buena, su empresa la Compañía Minera del Sur – COMSUR, a través del DS
25631 de 24 de diciembre (gobierno de Hugo Banzer), se adjudica la licitación
del contrato de arrendamiento de Colquiri, ofreciendo un porcentaje de
participación del 3,5% del Ingreso Neto de Fundición y una inversión de 2
millones de dólares en los dos primeros años, esto se consolida en abril del
año 2000 fecha en la que la COMIBOL, Compañía Minera Colquiri, COMSUR y Actis,
firman un Contrato de Arrendamiento de la mina Colquiri por 30 años, con
posibilidades de ser ampliado por acuerdo entre partes, “si aun existieran
reservas minerales”, para la explotación de zinc y estaño. Este contrato
estableció un canon de arrendamiento de 2,8% del Ingreso Neto de Fundición por
los primeros 4 años y luego el 3,5% por los otros restantes, esto incluía un
goce de los activos de Colquiri que a tiempo de su arrendamiento tenía toda la
infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades mineras:
campamento, caminos, energía eléctrica, así como un valor en reservas mineras
entre zinc y estaño de $us 192.000.000 (positivo y probable al año 2000).
Este contrato, junto al de Porco
(Potosí, bajo dominio también de Sinchi Wayra), siempre fueron objeto de crítica por los bajos ingresos que reportan para
el Estado; además, en su oportunidad estos fueron acusados de dolo y lesivos
contra el patrimonio del Estado; cabe mencionar que, dichos contratos nunca
fueron enviados al Congreso para su consideración, aprobación o rechazo, como
lo establecía la anterior Constitución Política del Estado. A esta serie de
observaciones se debería sumar, ¿cuan facultada estaba COMSUR para subarrendar
concesiones a favor de cooperativas mineras?, como lo hizo para asegurarse para
cumplir con sus niveles de producción. El panorama se ensombrece más en febrero
de 2005, cuando de forma sorpresiva a través de la prensa nacional se informa
del traspaso de acciones de COMSUR a favor de la transnacional Glencore AG, que
desde la fecha opera a través de su subsidiaria Sinchi Wayra en diferentes
áreas mineras en el país.
Ante este complicado y doloroso
panorama se suma las últimas determinaciones del Gobierno cuando determinaron
revertir solo las concesiones de Sinchi Wayra, echo que fue considerado como un
paliativo, a un asunto tan delicado.
Los desatinos continuaron,
primero: cuando el gobierno a través de disposiciones gubernamentales entregó
la veta Rosario, en mayor porcentaje al sector cooperativo lo que como era
obvio causo molestia en el sector de los mineros asalariados. Segundo. como
clara prueba de la verdadera actitud de los cooperativistas, Andres Villca
actual senador y ex presidente de FENCOMIN, públicamente señaló que la
Cooperativa Minera 26 de Febrero, que opera en áreas de Colquiri, busca una
empresa extranjera para explotar la veta Rosario, que el Gobierno les otorgó
junto con la estatización de ese yacimiento en junio. El parlamentario en
cuestión justificó que su sector tiene “todo el derecho, todos los contratos
que están firmados por las cooperativas con la Comibol tienen la opción de
hacer (contratos de) riesgo compartido, tal es el caso de lo que sucede en la
localidad de Poopó en Oruro, donde las cooperativas de la zona firmaron un
contrato de Riesgo Compartido con la COMSUR y donde el Estado tiene una mínima
participación. Pretender que una transnacional ingrese a Colquiri a través de
las cooperativas, es una flagrante violación a las resoluciones firmadas (DS
1337 y DS 1264) que prohíbe a la cooperativa que subcontrate a una empresa
transnacional o nacional para que realice explotación en la veta Rosario, así
lo señala el texto en su inciso tercero del artículo 3, donde claramente
señala: “La Cooperativa 26 de Febrero Ltda. realizará la actividad minera de
explotación de las vetas Rosario, Rosario D y Rosario N de manera integral
sobre la base de un proyecto minero, sin asociarse con empresas transnacionales
o con empresas privadas organizadas en Bolivia”
Una vez más se ratifica que los
mineros cooperativistas buscan velar solo por sus intereses, y es que en
nuestra lógica es incomprensible esta actitud, debido a que fueron años en los
que se lucho por sacar a la transnacional Glencore y su subsidiaria Sinchi
Wayra de Colquiri y ahora los cooperativistas pretenden que ingrese otra.
Albino García presidente de
FENCOMIN en días pasados dio otra clara prueba de la línea que siguen las
cooperativas Mineras cuando afirmó: “Si hay una persistencia de parte de los
trabajadores asalariados del distritito minero de Colquiri, no hay otra cosa
que tomar también nuestra posición, indicando que esta será la
cooperativización, ya existiendo un Decreto Supremo del año 1986, donde
establece la entrega total del yacimiento a las cooperativas”, con esta
declaración el dirigente con plena convicción dejo clara las cosas, que las
cooperativas mineras no siguen la línea de lo que se denominó proceso de cambio
y más al contrario siguen con la vieja mentalidad implantada por la “Nuevo
Política Económica” impuesta por el MNR cuando dispuso el despido masivo de los
trabajadores mineros, la enajenación de nuestros bienes y la privatización de
nuestras minas.
La nacionalización de Colquiri y
su actual manejo por parte de la COMIBOL, ratifica que es la vía que debemos
seguir, la clara muestra de aquello es que a los dos meses de haber sido
nacionalizada, generó 9 millones de dólares con ventas de estaño a la Empresa
Metalúrgica Vinto en Oruro, ¿las cooperativas cuanto?
Argumentos sobran para exigir la
nacionalización del 100% del yacimiento de Colquiri, ahora la decisión la tiene
el gobierno, considerando que una decisión equivocada y de seguir empeñados de
mantener a ambos sectores en Colquiri derivará en un mayor costo político.
La Paz, septiembre de 2012
Célula Ho Chi-ming
PC-mlm
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