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domingo, 25 de septiembre de 2011

GRAVES DENUNCIAS QUE DEBEN INVESTIGARSE

23-08-11

Pronunciamiento Político No. 165


El presidente Morales acaba de hacer una serie muy grave de denuncias sobre el tráfico, esta vez no solamente de tierras sino incluso de territorios indígenas.

La denuncia concreta se refiere a que algunos dirigentes indígenas habrían vendido partes de los territorios Comunitarios de Origen (TCOs) a personas particulares y madereros.

Como pruebas pre-constituidas se presentan varios recibos, por diversos montos de dinero como adelanto por determinadas cantidades de hectáreas de tierra en medio de las TCOs.

En esos documentos que todavía no han sido legalizados ni reconocidos, .aparece el nombre de Severiano Abacay que habría recibido la suma de 77 000 bolivianos por la venta de 1200 hectáreas dentro de la comunidad Itagwasu, en la provincia Guarayos del Departamento de Santa Cruz. Uno de los recibos corresponde al 16 de noviembre de 2009 y otro al 11 de marzo de 2010. Según el Presidente, las informaciones provienen de la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras).

Por de pronto no podemos afirmar definitivamente que esas transacciones, que de todo punto de vista son ilegales y criminales contra la propiedad comunitaria, estén plenamente probadas, sin embargo lo menos que se puede pedir y exigir, proviniendo la denuncia del Presidente Morales, es una profunda investigación para dar, en su caso, con los culpables de tamaños delitos.

Bien sabemos que hace un tiempo atrás se ha denunciado, igualmente, otro tipo de tráfico de tierras por parte de algunos funcionarios de Gobierno. Ambas denuncias deben ser esclarecidas para darse con los culpables. Acá no se trata de introducir el problema político de que serían estos o aquellos los culpables. Se trata de hacer una imparcial investigación y sancionar drásticamente a los culpables.

El problema de las tierras y más aún las de los territorios indígenas, es una cuestión de la mayor importancia y no puede pasarse por alto las denuncias concretas.

PCmlm..

domingo, 20 de febrero de 2011

LA FUNCION ECONOMICO-SOCIAL (FES) Y LOS EMPRESARIOS

14-02-11.

Pronunciamiento Político No. 145

Tenemos conocimiento de que los empresarios bolivianos en su conversaciones con el Vice-presidente de la República, plantearon de la manera más cínica, la derogación de la FUNCION ECONÓMICA/ SOCIAL en lo que se refiere a la cuestión agraria.


Antes de refutar como se merece la exigencia insulsa de los empresarios, nos cabe explicar, con todo detalle, qué significa la FUNCION ECONOMICA/SOCIAL en materia agraria, un principio ampliamente reconocido en la Constitución Política del Estado Plurinacional.


Como se sabe muy bien y sin sombra de duda, la tenencia de la tierra en una formación social (FS), define de manera estructural cuál es el carácter de esa formación.


Las diversas formas que adopta la estructura agraria de la FS, son pues, en primer lugar las formas comunitarias originarias que, aunque no se crea, subsisten en muchos países sobre todo del Tercer Mundo; en segundo lugar tenemos la formas pre-capitalistas muy difundidas igualmente en los países dependientes del Imperialismo y del colonialismo, esas formas pre-capitalistas son: la gran propiedad terrateniente y gamonal, la pequeña propiedad parcelaria, la servidumbre y la semi-esclavitud.


Finalmente y como forma dominante tenemos la gran empresa agrícola que corresponde enteramente a las formaciones típicamente capitalistas.


Muchos países, Estados y regímenes que han tomado el camino de la liberación nacional para liberarse de la dominación imperialista, confrontan de la manera más dramática el problema de la tenencia de la tierra que se encuentra en manos de viejas oligarquías terratenientes que resisten con todas sus fuerzas la transformación de la propiedad agraria, hacia formas solidarias de tipo cooperativa o de propiedad colectiva de comunidades agrarias, sin desconocer, por el momento la propiedad mediana y la propiedad pequeña.


Es en estas circunstancias que nace el concepto que manejan todos los regímenes progresistas que pretenden la eliminación de las formas servidumbrales y semi-esclavistas que notoriamente no cumplen ninguna función en beneficio de la sociedad y que por el contrario son la base y la fuente de la pobreza, la miseria y el sometimiento físico de amplias poblaciones campesinas e indígenas.


La función económica significa que toda explotación agrícola y pecuaria debe proporcionar sus productos en beneficio de la sociedad, es decir debe producir para el consumo público obligatoriamente. Eso es cumplir una función económica. Por otro lado tenemos la función social que es incluso más importante, la propiedad agraria de todo tipo y tamaño debe descansar en relaciones de igualdad es decir el trabajo renumerado con todos los beneficios de la seguridad laboral en materia agraria, están pues prohibidas las relaciones servidumbrales y mucho más las semi-esclavistas.


Entonces la contravención a la FUNCION ECONOMICO/SOCIAL en el caso nuestro, es la condición que ostentan muchas propiedades que son y han sido producto de la apropiación arbitraria y violenta de la tierra usurpada a las comunidades originarias campesinas durante las dictaduras militares (1964-1982) y el neoliberalismo desde 1985 hasta el año 2005 sobre todo en el departamento de Santa Cruz.

Ya en 1953, durante la Gran Reforma Agraria que dicto el MNR, se planteaba en este requisito para la consolidación de predios rústicos. Sin embargo con la aparición del nuevo capitalismo agro-industrial cruceño que tiene otras características que no señalaremos acá, se restituye el “derecho” de las nuevas oligarquías para apoderarse de extensas tierras laborales e implantar en ellas formas de producción pre-capitalistas y francamente feudalistas o servidumbrales, como ocurre todavía y lamentablemente en el Chaco, el Beni y varias provincias cruceñas.


Entonces, cuando nuestros “buenos” empresarios exigen la abolición del principio de la FES, están planteando el retorno, en la cuestión agraria, a los tiempos del latifundismo terrateniente, trasnochado y anti-histórico, además de injusto y enemigo de los derechos fundamentales del los hombres y los ciudadanos.


Ya hemos planteado, de nuestra parte y por el contrario, la supresión del art. 399 de la Constitución que implanta el principio la irretroactividad en materia agraria, lo cual es contradictorio del concepto de reformar o revolucionarizar las estructuras agrarias caducas. Se reforma o revolucionariza el pasado, NO SE PUEDE REFORMAR EL FUTURO.


La noticia en torno a la exigencia empresarial, no aclara cuál fue la respuesta que ha dado el Vice-presidente a esa exigencia impertinente y ofensiva para los campesinos y los indígenas bolivianos. Esperamos que hubiera sido un rechazo rotundo y contundente de modo que no se repitan en el futuro exigencias de este tipo.


PCmlm-Bolivia.


viernes, 30 de abril de 2010

LA CUESTION AGRARIA Y EL BLOQUEO DE LA TRANSICION


29-04-10
Pronunciamiento Político No. 120.

Por las informaciones que recibe la dirección de nuestro Partido del Comité Regional de Santa Cruz, cuya labor de información e investigación es realmente destacable, sabemos que el problema de la tenencia de la tierra, la distribución de la misma y la persistencia del latifundio así como sus consecuencias políticas, sociales y económicas, se ponen nuevamente al rojo vivo ante todo y sobre en Santa Cruz, cuando se constata todo tipo de atropellos que sufren los campesinos a manos de sicarios de los terratenientes que siguen actuando como en el pasado ante la inacción culposa y cada día más intolerable del Gobierno del cambio.

Ahora se trata de una denuncia muy concreta que se refiere a tres comunidades campesinas cruceñas (“Chirimoyita”, “Tierra Hermosa” y “Tierra Firme”) que recibieron la titulación de sus tierras de parte del INRA y del Gobierno, pero que criminalmente han sufrido el ataque siniestro de bandas de sicarios y delincuentes que organizados y pagados por el terratenientismo, pretenden, a través de su “autonomía” proseguir con la política agraria de usurpar las tierras comunitarias, atemorizar al campesinado y finalmente imponer una régimen fascista regional.

Mientras el Gobierno persiste en su actitud triunfalista de tipo elementalmente electoralista, los problemas sociales comienzan a poner en peligro el propio proceso de cambio.

La anterior denuncia de las llamadas “Trillizas”, está llena de detalles y de circunstancias típicas de la preparación de nuevas tentativas de retorno al pasado ignominioso en Santa Cruz. Ese pasado que se pensaba superado y que efectivamente esta muy lejos de serlo. Ahora la Gobernación, el Comité Cívico cruceño y los comités cívicos provinciales, todos ellos manejados por los latifundistas locales constituyen, en verdad, el poder real en el campo cruceño. Esta situación no puede continuar. ¡¡O se desmantelan decididamente esos grupos delincuenciales que actúan junto al narcotráfico del cual obtienen recursos económicos, o, por el contrario, crece la reacción latifundista hasta derrotar todo el proceso de cambio ahora claramente debilitado!!

Desde siempre nuestro Partido consideró y lo declaró, sumamente peligroso estimular las llamadas autonomías departamentales que se diferencian claramente de los otros tipos de autonomía (las autonomías indígenas, las regionales, las municipales y las universitarias). Las departamentales ideadas y fomentadas por la derecha fascista se dirigen claramente a la secesión del país y ahora su implementación de acuerdo a la Ley y a la Constitución, son el principio y el sustento de tales afanes separatistas.

Si no encaramos concretamente la eliminación del art. 399 de la Constitución Política del Estado, los viejos latifundios cruceños y en general orientales y sus gamonales racistas de procedencia europea y norteamericana, seguirán gozando de una “legalidad” viciosa.

Ahora, como siempre, la solución revolucionaria de la cuestión agraria es FUNDAMENTAL PARA LA CONTINUACIÓN VICTORIOSA DEL PROCESO DE CAMBIO.


PCmlm.